Bancos y telecos buscan bloquear fraudes sin juez
Las principales asociaciones de bancos y operadores de telecomunicaciones en España han solicitado al Gobierno la posibilidad de bloquear números de teléfono implicados en intentos de fraude sin necesidad de una orden judicial previa. Esta petición se ha realizado en el contexto de la Brigada Antifraude, una iniciativa liderada por el Ministerio de Economía, que también incluye la participación de cuerpos de seguridad del Estado y organismos especializados en la lucha contra el cibercrimen.
Las entidades bancarias representadas por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), junto con DigitalES, que representa a las telecomunicaciones, argumentan que esta medida permitiría una respuesta más rápida y efectiva contra los fraudes que afectan a consumidores. Actualmente, el proceso requiere que las autoridades judiciales emitan una orden para poder tomar acciones como el bloqueo de números telefónicos, lo que puede dilatar la respuesta y permitir que los fraudes continúen afectando a más víctimas.
El aumento de los intentos de fraude, especialmente mediante técnicas como el phishing y el vishing (phishing a través de llamadas telefónicas), ha hecho que estas industrias busquen métodos más ágiles para proteger a los consumidores. Los ciberdelincuentes frecuentemente utilizan números de teléfono para realizar operaciones fraudulentas, lo que ha llevado a un incremento en las solicitudes de bloqueo de estos números.
El impacto para los consumidores podría ser significativo si se implementa esta medida. Por un lado, podría reducir la cantidad de fraudes efectivos y la velocidad con la que se actúa contra estos delitos. Sin embargo, también se plantean preocupaciones sobre los posibles errores, como el bloqueo de números que no están involucrados en fraudes (falsos positivos), y la falta de un proceso judicial que garantice la transparencia y la justicia en el procedimiento de bloqueo.
La propuesta aún está en fase de discusión y requeriría cambios en la legislación actual para ser implementada. Será crucial encontrar un equilibrio entre la protección eficaz de los consumidores y el respeto por las garantías judiciales y derechos individuales.
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