Caso Mascarillas: Condenan a Luceño y absuelven a Medina
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia del conocido como caso Mascarillas, que implica a Alberto Luceño y Luis Medina en una controversia sobre la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia de COVID-19. La decisión del tribunal confirma la condena a Luceño por fraude a Hacienda, mientras que mantiene la absolución de ambos acusados en relación con los delitos de estafa y falsedad documental.
En marzo, la Audiencia Provincial de Madrid ya había emitido un fallo en el que se condenó a Alberto Luceño a 3 años y 8 meses de cárcel, además de imponerle una multa de 3,5 millones de euros y la obligación de indemnizar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones de euros. La sentencia se basó en el uso indebido de documentación falsa y en la incorrecta atribución a una sociedad de rendimientos que correspondían a su actividad personal.
Por otro lado, tanto Luceño como el aristócrata Luis Medina fueron absueltos de los cargos de estafa y falsedad en documento mercantil. El tribunal consideró que no se demostró que los acusados engañaran al Ayuntamiento de Madrid para obtener una comisión de 6 millones de euros en la venta de mascarillas, guantes y test de anticuerpos. La Sala destacó que el Ayuntamiento autorizó las compras basándose en el precio final, las características del producto y las condiciones de entrega, y subrayó que la existencia o cuantía de las comisiones no fue un factor determinante en el consentimiento para la compra.
Esta decisión del TSJM desestima los recursos interpuestos por las acusaciones, consolidando así la posición jurídica de los acusados respecto a los delitos de estafa y falsedad documental. El caso ha sido uno de los más mediáticos en España, dado el contexto de emergencia sanitaria en el que se produjeron los hechos y las figuras públicas involucradas.
Este fallo no solo cierra un capítulo legal importante, sino que también subraya la necesidad de transparencia y legalidad en las transacciones que involucran a entidades públicas, especialmente en situaciones de crisis donde la urgencia puede hacer vulnerable la gestión de recursos públicos.
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