Festival Brava multado por no aceptar efectivo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 96.000 euros impuesta por la Comunidad de Madrid a la organizadora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE. Esta sanción se debe a la denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción, que señaló prácticas abusivas durante la edición de 2023 del evento, como la imposición de pulseras 'cashless' como único medio de pago y el cobro por la devolución del dinero no consumido.
La decisión del TSJM, que desestimó el recurso interpuesto por la organizadora del festival, ha adquirido firmeza tras la caducidad del recurso por inactividad de la empresa sancionada. Según la resolución de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de Madrid, el expediente se encuentra ahora en fase de ejecución para el cobro de la multa.
En octubre de 2025, la Subdirección General ya había comunicado a Facua la imposición de esta sanción, que se basó en dos infracciones administrativas graves: la imposición de las mencionadas pulseras como "único sistema posible para la adquisición de productos" y la inclusión de "varias cláusulas limitativas de los derechos del consumidor" en las condiciones generales del festival.
Además, Facua ha denunciado repetidamente a Brava Madrid por prácticas similares en ediciones posteriores, incluyendo la prohibición de acceso con comida y bebida adquirida en el exterior y la negativa a devolver el dinero de las entradas cuando se modificó el cartel del evento. Estas acciones han sido consideradas como limitativas de los derechos de los usuarios y generadoras de un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor.
Esta sentencia se suma a otras medidas judiciales que han afectado a la promotora, como la reciente sentencia que declaró nulas ciertas cláusulas impuestas en otro festival organizado por Madrid Salvaje y que prohibió a la empresa reiterar estas prácticas.
Este caso subraya la importancia de la protección de los derechos de los consumidores en eventos masivos y la vigilancia constante por parte de las autoridades y organizaciones de consumidores para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
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