Fraude millonario en hidrocarburos a juicio
La Audiencia Nacional ha propuesto llevar a juicio a 22 personas por un presunto fraude que supera los 70 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, relacionado con irregularidades en el pago del IVA durante los años 2016 y 2017. Entre los acusados se encuentra Claudio Rivas, socio del también investigado Víctor de Aldama, implicado en el caso conocido como 'caso Koldo'.
El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha señalado en su auto que la empresa SKT Oil, vinculada a los acusados, operaba en el mercado de hidrocarburos, adquiriendo estos productos bajo un régimen fiscal que permite la suspensión de impuestos especiales y, paralelamente, la exención del IVA. El magistrado ha detallado que la empresa, al vender estos productos, debería haber repercutido el IVA a sus clientes, algo que no ocurrió conforme a las regulaciones fiscales.
Según el auto del magistrado, SKT Oil habría inflado de manera ficticia la cuota de IVA deducible, utilizando para ello facturas de empresas inactivas o inexistentes, lo que constituye un presunto delito de falsedad documental y fraude fiscal. La trama habría defraudado 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018 solo a través de SKT Oil, mientras que otra empresa relacionada, OWTRA OIL, defraudó 7,2 millones de euros en 2018.
El juez Piña ha propuesto que Claudio Rivas sea juzgado por los delitos de defraudación tributaria, falsedad documental y integración en organización criminal. Además, se ha propuesto declarar responsables civiles subsidiarios a 16 empresas y partícipes a título lucrativo a cinco personas físicas.
Este caso se suma a otras investigaciones en las que Rivas y De Aldama están señalados como presuntos cabecillas de tramas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos, las cuales incluyen supuestas infiltraciones en altos niveles de varios ministerios durante la administración anterior.
Este proceso judicial no solo destapa una compleja red de fraude fiscal y blanqueo de capitales, sino que también pone de relieve la necesidad de una vigilancia más estricta en los mecanismos de control fiscal y en la regulación del mercado de hidrocarburos en España.
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