Multazo a Repsol por asfixiar a las gasolineras low cost
La Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 20,5 millones de euros a tres empresas pertenecientes al grupo Repsol por prácticas comerciales consideradas abusivas hacia las estaciones de servicio independientes, conocidas como 'low cost'. Las empresas sancionadas son Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (ahora Repsol Soluciones Energéticas), Solred y Campsa Estaciones de Servicio. Además, estas compañías enfrentan una prohibición de seis meses para presentarse a concursos públicos.
La CNMC ha determinado que entre abril y diciembre de 2022, coincidiendo con un aumento en los precios de los carburantes debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, estas empresas llevaron a cabo una política de precios que redujo los márgenes de las gasolineras de bajo coste, impidiéndoles competir efectivamente en el mercado. Durante este periodo, el Gobierno había implementado una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para mitigar el impacto del aumento de precios, lo que desató una intensa competencia entre las gasolineras.
Según la CNMC, Repsol, que tenía una posición dominante en el mercado mayorista de combustibles para automoción a nivel nacional, abusó de esta posición incrementando los precios de venta mayorista a las estaciones de servicio independientes y aplicando descuentos adicionales en sus propias estaciones para los clientes profesionales que repostaban gasóleo A. Esta estrategia resultó en un estrechamiento de márgenes que afectó especialmente al gasóleo A, cuyo precio superó al de la gasolina en España durante seis meses de 2022.
Como resultado de estas prácticas, ciertas estaciones de servicio independientes experimentaron una drástica reducción en su volumen de ventas de gasóleo A a profesionales, mientras que Repsol aumentaba sus ventas y su cuota de mercado. La prohibición de participar en licitaciones públicas afecta al suministro de combustibles para automoción, específicamente gasóleo A, durante un periodo de seis meses.
Esta resolución puede ser objeto de recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional dentro de un plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.
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