Financiación de acciones colectivas

Las acciones colectivas cuestan dinero. Hay que pagar a los abogados, financiar posibles informes periciales, cubrir gastos de comunicación y gestión, y disponer de reservas para imprevistos en procesos que pueden prolongarse años. Cómo se financia todo esto es una de las decisiones más importantes que debe tomar cualquier grupo de afectados.

La buena noticia es que existen múltiples modelos de financiación, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Conocer estas opciones te permitirá elegir la más adecuada para tu situación.

Los costes que hay que cubrir

Antes de hablar de cómo financiar, conviene entender qué hay que financiar. Los costes varían según el tipo de caso, su complejidad, y el número de afectados.

Costes legales

El mayor coste suele ser el de los abogados. Los honorarios dependen del modelo que pactes (cuota litis, tarifa fija, mixto), pero en cualquier caso el trabajo legal que hay que cubrir es extenso: estudio inicial del caso para evaluar viabilidad, preparación de la estrategia procesal, redacción de la demanda y escritos, seguimiento del procedimiento durante meses o años, preparación y asistencia a vistas y juicios, negociaciones con la empresa si las hay, y posibles recursos si la sentencia no es favorable.

Si el caso va a los tribunales, también habrá que pagar al procurador (representante procesal ante el juzgado), que cobra según aranceles regulados. El procurador es obligatorio en la mayoría de procedimientos judiciales.

Costes periciales

Muchos casos requieren informes técnicos de peritos especializados para demostrar los daños o la responsabilidad de la empresa. Dependiendo del tipo de caso, puede que necesites economistas que calculen los daños económicos sufridos, ingenieros que analicen productos defectuosos, o auditores que examinen prácticas empresariales irregulares.

Un informe pericial puede costar varios miles de euros dependiendo de su complejidad. Si además el perito tiene que comparecer en juicio para defender su informe, hay costes adicionales por su tiempo y desplazamiento.

Costes de gestión y comunicación

Organizar un grupo de afectados tiene costes que a veces se subestiman porque no son tan visibles como los legales. Hablamos de plataformas online y herramientas de gestión, sistemas de email marketing y newsletters para mantener informados a los miembros, dominios y alojamiento web si el grupo tiene presencia propia, y en algunos casos compensación a los coordinadores si dedican mucho tiempo al caso. Estos costes pueden parecer menores, pero se acumulan a lo largo de meses o años.

Otros costes e imprevistos

Gastos menores que se acumulan: burofaxes, gastos notariales, desplazamientos, traducciones. Además, un presupuesto prudente siempre debe incluir una reserva para imprevistos (típicamente 15-25% del total) porque los casos nunca salen exactamente como se planifica.

Modelos de financiación disponibles

Existen varios modelos para financiar una acción colectiva. La elección depende del tamaño del caso, el perfil de los afectados, y las preferencias del grupo.

Cuotas de los afectados

El modelo más directo: los propios afectados pagan los costes mediante cuotas. Es el sistema que da más control al grupo porque no depende de nadie externo, pero requiere que los afectados estén dispuestos a poner dinero desde el principio.

Las cuotas pueden estructurarse de varias formas: una cuota única de adhesión al unirse al grupo, cuotas periódicas (mensuales o anuales) para mantener la financiación a lo largo del tiempo, o derramas puntuales cuando surge un gasto específico que hay que cubrir.

Las cantidades varían según la complejidad del caso. Para casos sencillos, las cuotas de adhesión suelen rondar los 20-50 €. En casos más complejos que requieren más recursos, pueden llegar a 100-300 €. Las cuotas periódicas típicas van de 5 a 20 € mensuales.

Este modelo tiene ventajas claras: total independencia del grupo para tomar decisiones, afectados más comprometidos porque han invertido su propio dinero, y control completo sobre la estrategia sin depender de terceros. Pero también tiene inconvenientes: supone una barrera de entrada para afectados con menos recursos que quizás no puedan permitirse la cuota, genera trabajo administrativo importante para gestionar cobros y morosos, y exige transparencia escrupulosa para mantener la confianza del grupo.

Pacto de cuota litis

Los abogados no cobran nada al principio. A cambio, si el caso tiene éxito, cobran un porcentaje de lo recuperado. Es el modelo más habitual en acciones colectivas porque elimina el riesgo económico inicial para los afectados.

Los porcentajes habituales van del 15% al 30% dependiendo de la complejidad del caso y el riesgo que asume el abogado. Cuanto más arriesgado sea el caso, mayor porcentaje pedirá el profesional.

Las ventajas son evidentes: no hay coste inicial para los afectados, los intereses del abogado y del grupo están perfectamente alineados (ambos ganan si se recupera dinero), y si se pierde el caso no se pagan honorarios. Pero hay inconvenientes que debes conocer: no todos los abogados aceptan este modelo (especialmente en casos arriesgados donde pueden perder mucho trabajo), el porcentaje puede parecer elevado aunque es mejor que no haber podido reclamar, y los gastos suplidos como procurador, peritos y tasas judiciales suelen pagarse aparte de los honorarios.

Importante: Antes de firmar, aclara exactamente qué gastos están incluidos en la cuota litis y cuáles tendrá que pagar el grupo aparte.

Financiación por asociaciones de consumidores

Asociaciones como OCU, FACUA o CECU financian casos con sus propios recursos, que provienen de las cuotas de sus socios y de subvenciones públicas. Si tu caso encaja con sus prioridades, pueden asumir toda la financiación.

Las ventajas son atractivas: coste cero o muy reducido para los afectados, acceso a la experiencia y estructura profesional de organizaciones que llevan años litigando, y recursos suficientes para casos largos y complejos que de otra forma serían inviables. Sin embargo, hay contrapartidas importantes: la asociación decide la estrategia del caso y los afectados tienen menos voz en las decisiones, la asociación elige qué casos acepta según sus criterios y prioridades, y no todos los casos encajan con lo que les interesa defender.

Financiación por terceros (third-party funding)

Empresas especializadas llamadas funders financian todos los costes del litigio a cambio de un porcentaje si se gana. Es un modelo relativamente nuevo en España pero cada vez más común en casos grandes.

El funcionamiento es sencillo: el funder evalúa el caso y decide si le interesa invertir. Si lo acepta, paga absolutamente todos los costes (abogados, peritos, tasas, gastos). Si el caso se gana, el funder recupera su inversión más un porcentaje que típicamente va del 20% al 40%. Si se pierde, el funder asume las pérdidas y los afectados no pagan nada.

La ventaja principal es que elimina completamente el riesgo económico para los afectados y hace viable litigar casos grandes que de otra forma serían inasumibles. Pero hay inconvenientes: los funders solo se interesan por casos de millones de euros donde la inversión merezca la pena, los porcentajes son altos porque asumen todo el riesgo, y pueden querer influir en decisiones estratégicas del caso para proteger su inversión.

El mercado de litigation funding en España todavía está en desarrollo, pero hay funders activos buscando casos. Si quieres profundizar en cómo funcionan los litigios colectivos, consulta nuestra guía de demandas masivas.

Crowdfunding

El crowdfunding consiste en recaudar fondos de muchas personas a través de plataformas online como GoFundMe, Kickstarter o similares. No solo contribuyen los afectados, sino cualquier persona que simpatice con la causa.

Funciona mejor para casos con alto perfil público e interés social más allá de los afectados directos. Si tu caso tiene repercusión mediática o toca temas que generan solidaridad (medio ambiente, abusos a colectivos vulnerables, escándalos notorios), el crowdfunding puede ser una buena opción.

Los inconvenientes son reales: necesita una campaña de comunicación seria para llegar a potenciales donantes, no hay garantía de recaudar lo necesario (puedes quedarte a medias), y las plataformas cobran comisiones que reducen lo recaudado.

Financiación mixta

En la práctica, muchos casos combinan varios modelos de financiación para aprovechar las ventajas de cada uno. Por ejemplo, una cuota de adhesión modesta para cubrir los gastos iniciales y demostrar compromiso, un pacto de cuota litis con los abogados para los honorarios principales, y apoyo de alguna asociación para costes específicos como informes periciales.

La combinación concreta depende de cada caso, pero la idea es no depender de un solo modelo y repartir tanto los costes como los riesgos. Para saber más sobre cómo elegir y trabajar con profesionales, consulta la guía de abogados para acciones colectivas.

La gestión del dinero

Independientemente del modelo, el dinero debe gestionarse con rigor y transparencia.

Principios fundamentales

Hay cuatro principios que no puedes saltarte si quieres que la gestión financiera funcione y el grupo mantenga la confianza.

Transparencia: Los afectados deben saber cuánto dinero hay, en qué se gasta, y quién toma las decisiones. Publica informes al menos trimestrales y responde a las preguntas que surjan.

Cuentas separadas: Nunca mezcles el dinero del grupo con dinero personal de nadie. Abre una cuenta bancaria específica a nombre del grupo o de la asociación si la habéis constituido.

Control cruzado: Al menos dos personas deben poder ver los movimientos de la cuenta. Los gastos significativos deberían requerir doble aprobación para evitar decisiones unilaterales.

Documentación: Cada gasto debe tener su justificante (factura, recibo, comprobante de transferencia). Guarda todo ordenado por si alguien quiere revisar las cuentas.

El papel del tesorero

Si el grupo maneja cantidades significativas, lo mejor es designar un tesorero que se encargue específicamente de las finanzas. Esta persona debería recibir y registrar todos los ingresos, autorizar y registrar los pagos según los procedimientos acordados, mantener toda la documentación ordenada y accesible, e informar regularmente al grupo sobre el estado de las cuentas. El tesorero no es el dueño del dinero, es el administrador que lo gestiona en nombre del grupo.

Rendición de cuentas

Como mínimo, el grupo debería recibir informes trimestrales sobre las finanzas. Cada informe debería incluir los ingresos del periodo desglosados por concepto (cuotas, donaciones, etc.), los gastos realizados organizados por categoría, el saldo disponible actual, y una previsión de los gastos futuros previsibles. Esta información permite a los afectados saber cómo va el dinero y tomar decisiones informadas.

Qué hacer cuando faltan recursos

No todos los grupos tienen dinero suficiente desde el principio. Si los recursos escasean, hay alternativas que explorar antes de rendirse.

Opciones de bajo coste

Existen recursos gratuitos o muy económicos que pueden ayudar. Algunos despachos de abogados realizan trabajo pro bono (gratuito) para casos de interés social, especialmente si tienen repercusión pública. Las clínicas jurídicas universitarias ofrecen asesoramiento gratuito de estudiantes supervisados por profesores, aunque normalmente no llevan casos complejos hasta el final. Y para afectados individuales con recursos económicos limitados, existe el derecho a justicia gratuita que cubre abogado y procurador de oficio.

Empezar con acciones de bajo coste

No todo requiere ir a juicio desde el primer momento. Hay acciones que cuestan poco o nada y pueden generar resultados: reclamaciones administrativas ante reguladores sectoriales (CNMC, Banco de España, etc.), presión mediática contactando con periodistas interesados en el tema, campañas en redes sociales que visibilicen el problema, o negociación directa con la empresa antes de llegar a los tribunales.

Estas acciones pueden generar resultados por sí mismas, o al menos visibilidad que atraiga más afectados o abogados interesados en llevar el caso.

Financiación progresiva

No es necesario tener todo el dinero desde el principio. Un enfoque gradual permite empezar con los recursos disponibles, ir recaudando a medida que el caso avanza y gana credibilidad, y ajustar la estrategia según los recursos reales de cada momento. Muchos casos han empezado con muy poco y han ido creciendo conforme demostraban que había posibilidades de éxito.

Aspectos legales

Gestionar dinero de otros tiene implicaciones legales que debes conocer para no meterte en problemas.

El dinero no es de nadie individualmente. Quien gestiona el dinero del grupo es un administrador, no el propietario. Cualquier uso personal de esos fondos es apropiación indebida, un delito. Aunque confíes plenamente en quien lleva las cuentas, los controles existen precisamente para proteger a todos.

Posibles obligaciones fiscales. Dependiendo de las cantidades que manejéis, pueden existir obligaciones de declaración fiscal o retención de impuestos. Si el grupo recibe donaciones o cuotas significativas, consulta con un asesor fiscal para no tener sorpresas con Hacienda.

Formalización como asociación. Si vais a manejar cantidades importantes durante un tiempo prolongado, puede merecer la pena constituirse formalmente como asociación. Esto proporciona personalidad jurídica propia (el grupo existe legalmente), la posibilidad de abrir cuentas a nombre de la asociación, y protección para los administradores que gestionan los fondos.

Errores comunes que evitar

La experiencia de muchos grupos muestra errores recurrentes que es mejor conocer de antemano para no repetirlos.

No calcular bien los costes. Empezar sin una estimación realista lleva a quedarse sin dinero a mitad del camino, justo cuando más se necesita.

Falta de transparencia. Si los afectados no saben en qué se gasta su dinero, empiezan a desconfiar. Y la desconfianza mata grupos.

Mezclar dinero personal y del grupo. Aunque sea temporal, genera confusión y sombras de duda sobre quién debe qué a quién.

No reservar para imprevistos. Los casos nunca salen exactamente como se planifica. Si no hay colchón, cualquier gasto inesperado puede paralizar todo.

Pedir dinero sin plan claro. Las peticiones concretas ("necesitamos 3.000 € para el informe pericial") funcionan mucho mejor que las vagas ("necesitamos más dinero"). La gente aporta más cuando sabe exactamente para qué.

Ejemplo de presupuesto orientativo

Para un caso de tamaño medio (300 afectados, 18 meses):

Ingresos:

• Cuota adhesión: 300 × 50 € = 15.000 €
• Cuotas mensuales: 300 × 10 € × 18 = 54.000 €
• Total: 69.000 €

Gastos:

• Honorarios abogados (provisión): 25.000 €
• Procurador y gastos judiciales: 4.000 €
• Informes periciales: 8.000 €
• Plataformas y comunicación: 2.500 €
• Gastos administrativos: 1.500 €
• Reserva imprevistos (20%): 8.200 €
• Total: 49.200 €

El margen permite cubrir imprevistos o prolongaciones no previstas.

Conclusión

La financiación es un aspecto práctico pero absolutamente crucial. Un caso bien financiado tiene muchas más posibilidades de éxito que uno que lucha constantemente con la falta de recursos.

Existen múltiples opciones de financiación, desde las cuotas de los afectados hasta la financiación por terceros. Lo importante es elegir el modelo adecuado, planificar con realismo, y gestionar el dinero con transparencia absoluta.

El dinero no lo es todo, pero sin recursos suficientes, incluso el caso mejor fundamentado puede fracasar por falta de medios para llevarlo adelante.

Si estás empezando, consulta qué es una acción colectiva o descubre cómo crear un caso en Claimeet.